Ecocidio bajo decreto: el parque fotovoltaico que Hidalgo impone sin consulta ni ley

En Hidalgo, el gobierno estatal ha emprendido una ofensiva para imponer, bajo el discurso del “desarrollo sustentable”, un parque fotovoltaico en tierras campesinas de Epazoyucan y Singuilucan. Lo que se presenta como una transición energética “verde” es, en realidad, una política de despojo sistemático, sin consulta previa ni respeto al marco legal ambiental, agrario ni internacional. Lejos de construir consensos, el proyecto avanza a espaldas de las comunidades, vulnerando el tejido social y la relación milenaria entre los pueblos y la tierra.

El 30 de julio de 2025, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios de estas localidades difundieron un comunicado público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a las autoridades del gobierno estatal de Hidalgo, a las dependencias ambientales, agrarias y judiciales, y a la opinión pública nacional. En este documento, denuncian la ausencia total de procesos de consulta y participación, así como las presiones ilegítimas ejercidas por autoridades locales y representantes de empresas privadas para que firmen contratos de usufructo por treinta años, sin información, sin asesoría jurídica ni estudios de impacto ambiental accesibles. Este documento constituye una prueba contundente de que los campesinos no han sido escuchados y de que el proyecto carece de legitimidad social.

Lo que sigue es más grave: la estrategia gubernamental parece diseñada para burlar la legalidad. No se han convocado mesas informativas, no se han llevado a cabo asambleas de consulta, no existen estudios de impacto ambiental regional, ni se han respetado los lineamientos del Convenio 169 de la OIT, que exige una consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y comunidades campesinas. La fragmentación deliberada de predios, la modificación irregular del uso de suelo y la construcción exprés sin supervisión ambiental refuerzan la sospecha de que se busca imponer el parque a cualquier costo, incluso pisoteando los derechos colectivos.

El gobierno no solo omite, simula y desinforma: criminaliza la resistencia. La justicia agraria ha desestimado solicitudes de medidas cautelares, los juicios de amparo se congelan en la burocracia, y las autoridades ambientales permanecen en silencio. Mientras tanto, las obras se adelantan en zonas de recarga hídrica y de importancia ecológica crítica, con consecuencias irreversibles para los ecosistemas, el agua y la soberanía alimentaria de las comunidades.

Pero los campesinos no están dispuestos a ceder su tierra ni a firmar su desplazamiento. En el comunicado, afirman claramente que “no permitirán que se impongan proyectos disfrazados de progreso que los despojen de lo que han cuidado por generaciones”. Han comenzado a organizarse, a documentar irregularidades, a alertar a otras comunidades vecinas y a generar redes de apoyo legal, técnico y mediático. La resistencia campesina no es irracional ni conservadora; es una defensa legítima de la vida, del territorio y del futuro.

El territorio donde se pretende instalar el parque no es un “vacío útil” como lo asumen los tecnócratas del capital energético. Es tierra de historia, memoria y dignidad. Allí crece el maguey, planta sagrada del altiplano, símbolo de resistencia y sustento. De ese maguey nace el pulque, la bebida ceremonial de nuestros abuelos, el alimento ritual, la economía del cuidado. Despojar estas tierras no es solo desplazar personas: es arrancar raíces culturales, es romper pactos de pertenencia que han sobrevivido a siglos de colonización y despojo.

Hoy, a nombre de la energía solar, se está ensayando una nueva fase de acumulación por desposesión, una colonización corporativa del territorio disfrazada de ecología. Pero sin tierra no hay autonomía, sin agua no hay soberanía, y sin consulta no hay democracia.

La transición energética no puede construirse sobre la mentira, la intimidación y el silencio. No puede hacerse sin justicia agraria, sin transparencia, sin el consentimiento de quienes habitan y cuidan el territorio. Lo que está ocurriendo en Epazoyucan y Singuilucan no es una excepción: es el síntoma de un modelo que sigue viendo a los pueblos como obstáculos y no como sujetos de decisión.

Desde Territorio Abierto, nos sumamos a la exigencia de frenar esta imposición. Urge una auditoría ambiental, una revisión legal de los contratos y una intervención de organismos nacionales e internacionales que garanticen el derecho de las comunidades a decidir. Porque sin justicia territorial, la energía solar puede volverse una nueva forma de violencia estructural.

No a los parques fotovoltaicos impuestos.

Sí a una transición energética justa, con tierra, con consulta y con vida.