IRMA NO ES UN CASO AISLADO: EL COSTO DE LA IMPUNIDAD Y LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

La revista Proceso dio a conocer el asesinato de Irma, una maestra jubilada de 62 años que, tras dedicar su vida a la enseñanza pública, conducía un taxi como medio de sustento. Irma había sido reportada como desaparecida el 18 de julio tras ser privada de la libertad por un grupo armado en la zona norte de Veracruz. Su historia, además de estremecer, expone una vez más las grietas abiertas de un país donde la impunidad, la corrupción y el abandono institucional han dejado de ser excepción para convertirse en norma.

No se trata de revictimizar a Irma. Se trata de exigir justicia y visibilizar lo que su asesinato representa: la expresión más cruda de un Estado que ha renunciado a su deber de proteger. Irma no murió por estar en el lugar equivocado; murió porque se negó a normalizar lo inaceptable. Porque, tras dedicar su vida a la enseñanza, terminó expuesta a las lógicas de terror que rigen muchas regiones del país.

Su historia también pone en evidencia otra violencia menos visible pero igualmente lacerante: la precarización estructural de la profesión docente. Que una maestra con más de tres décadas de servicio tuviera que trabajar como taxista para sobrevivir, revela el fracaso del Estado para garantizar una vejez digna a quienes dedicaron su vida a formar ciudadanos. Los sueldos insuficientes, el nulo reconocimiento real a las trayectorias docentes, y los opacos mecanismos de ascenso y estímulo de la carrera magisterial bajo la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) han condenado a generaciones de maestros al desgaste y al olvido. El mérito es administrado por la burocracia; la dignidad, sustituida por criterios administrativos; y el compromiso docente, reducido a puntajes y plataformas que desprecian la experiencia viva del aula.

En gran parte del territorio nacional —especialmente en el norte y el sureste— la extorsión ya no es un delito aislado: es una economía paralela sostenida por la violencia e incluso facilitada por autoridades omisas. La historia de Irma no es única; cambia el nombre, cambia el municipio, pero la estructura se repite. Comerciantes, transportistas, profesores, familias enteras desplazadas o doblegadas por el miedo. Todo bajo la mirada indiferente del poder.

Lo más grave no es solo la violencia, sino el discurso oficial que la minimiza. Cada asesinato es tratado como un hecho aislado. No hay voluntad de ver la cadena estructural que conecta a las víctimas: tres niñas asesinadas en Sonora, un maestro presuntamente ultimado por sus alumnos en Veracruz… ¿Alguien puede seguir creyendo que son casos desconectados?

El deterioro del tejido social no es una metáfora. Es una herida abierta en las aulas, en los mercados, en los hogares. Es el miedo convertido en rutina. Es la rabia contenida frente a un Estado que se escuda en cifras frías mientras la ciudadanía entierra a sus muertos.

Irma no es solo una víctima más. Es un símbolo. Un espejo brutal de lo que ocurre cuando la justicia se convierte en promesa vacía y el silencio en política pública. Exigir justicia para ella es exigir un país distinto. Uno donde enseñar no sea una condena, y donde la vida valga más que los votos.

Soy maestro en el estado de Hidalgo. Cuando leí la historia de Irma, no pude dejar de pensar en mis compañeras jubiladas, en las colegas que hoy, a pesar de su edad o enfermedad, siguen trabajando porque su pensión no alcanza. Decidí escribir esta columna porque lo que ocurrió con Irma no me es ajeno: me toca, me sacude, me habla como educador, como ciudadano y como ser humano. Y porque estoy convencido de que no podemos permitir que esto se normalice. Desde esta trinchera, mi palabra es resistencia.